CONSTITUCIÓN DE 1978: UN TRAJE QUE SE RESQUEBRAJA

En 1978, tras la muerte del dictador Francisco Franco 3 años antes, todas las fuerzas políticas españolas, en una muestra de generosidad, de valentía y de compromiso, se dieron una Constitución para una transición democrática que muchos tildaron de modélica. 35 años después, la sociedad española ha cambiado profundamente: se elevan voces que dicen que el traje de la Constitución se les ha quedado pequeño; otras la siguen sacralizando; y la realidad del día a día demuestra que el traje se resquebraja en más de un sitio, y se le sueltan varias costuras: la crisis de la Corona, de las Autonomías, del Poder Judicial, de los partidos políticos, de los sindicatos y patronales, de los medios de comunicación, de la democracia, de los propios derechos constitucionales,… son tantas huellas que el paso del tiempo va dejando sobre ese instrumento que fue tan válido en su contexto como hoy se encuentra desubicado en el siglo de la revolución tecnológica.

La Corona:

“El Rey es inviolable”, ni responde de sus actos. Durante mucho tiempo la sociedad española y los medios de comunicación mantuvieron una especie de pacto tácito para no airear hechos de la Casa Real que, fuera de la Institución monárquica, serían objeto de comentarios de todo tipo. Hoy parece que se ha roto ese pacto y la sociedad reclama a la Casa Real la misma transparencia y responsabilidad que se les exige al resto de las Administraciones e Instituciones públicas. Hay sectores que quieren plantear el debate sobre la sucesión al trono que discrimina a la mujer, y piden a las Cortes que desarrollen un Estatuto del Príncipe de Asturias, al mismo que un desarrollo del Título II de la Constitución, relativo a la Corona.

Las Autonomías:

Conviven varios modelos territoriales en “la Nación española” cuya “indisoluble unidad” consagra la Constitución, al mismo tiempo que ésta “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran” en su artículo 2. Ahora bien, las tensiones territoriales surgidas los últimos años, primero desde el País Vasco con el llamado Plan Ibarretxe, y ahora desde Cataluña con el referéndum que el presidente Artur Mas ha convocado para noviembre de este año, reclaman una respuesta consecuente que no parece encajar en la actual Constitución.

El Poder Judicial:

Una justicia lenta y con dilaciones se convierte en injusticia, como decía Jean de la Bruyère. Se enlentece los procedimientos según conveniencia del poder judicial, más apegado al poder político que a la acción de la justicia.

Derechos y libertades de los ciudadanos:

Todos “los españoles son iguales ante la ley”; artículo 14; “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”, artículo 119. La reforma del actual gobierno conculca este derecho, sin embargo consagrado en la Constitución; a partir del momento en que hay que pagar para que se te haga justicia, sólo los que dispongan de recursos podrán acceder de forma real y efectiva a la justicia. La presencia de muchas personas inmigrantes reclama una actualización de la Constitución, en términos de igualdad de derechos y deberes, del sufragio universal, de la obtención de la nacionalidad.

El sistema político y la democracia:

El sistema electoral consagra el bipartidismo, alternándose en el poder el Partido Popular conservador y el Partido Socialista Obrero Español de izquierda. El resto de los partidos de ámbito nacional, aparte los partidos nacionalistas, se ven perjudicados por el reparto de los escaños en el Congreso de los Diputados, pues les cuesta más del triple de los votos que PP y PSOE para un escaño. Aquí también sale vapuleada la Constitución en su artículo 68: el voto de los españoles no es igual, o mejor, no tiene las mismas consecuencias de uniformidad en todo el territorio nacional. Se pide desde hace mucho tiempo cambios en la ley electoral.

Hay crisis de democracia en todos los partidos políticos, sin encontrarse mecanismos adecuados en la Constitución para afrontarlas. Nuevos tiempos con nuevas maneras de participación ciudadana hacen cuestionarse un sistema que ya no responde a las demandas del conjunto de los ciudadanos. Votar cada cuatro años y quedarse rehenes de la perversión de algunas mayorías absolutas o parlamentarias dejan a los ciudadanos fuera de un sistema democrático devaluado, engañoso y sin enjundia. Partidos políticos que controlan los medios de comunicación, manosean las cajas de ahorros y marean al Tribunal de Cuentas. Gobiernos que privatizan empresas públicas, cuando no dan su gestión a empresas privadas que emplean a esos mismos ex ministros, ex consejeros y ex presidentes de gobiernos cuando terminan su “carrera” política en una especie de “puerta giratoria”.

Siendo la corrupción una de las mayores lacras sociales, no hay mecanismos eficaces para liberar a la ciudadanía de corruptos y corruptores: ningún cargo público, salvo raras excepciones, dimite cuando se ve salpicado, refugiándose en su aforamiento, y viéndose arropado y encubierto por sus correligionarios. De ahí la mayor crisis institucional en la que está sumida España, con la impotencia absoluta del argumento constitucional para resolverla.

Bancos y entidades financieras que desahucian a personas o se quedan con sus ahorros; gobiernos que fríen de impuestos a los ciudadanos sin por ello mejorar su bienestar, ni tener en cuenta la progresividad del artículo 31; o que encarecen el acceso a la justicia, cuando no garantizan el acceso equitativo a la sanidad y a la educación, o que quitan los derechos adquiridos a las personas inmigrantes, encuentran “su” encaje legal en una Constitución que ora sirve para blindar el techo del gasto público, ora no reivindica su mandato del derecho a una vivienda digna, a la justicia gratuita y a la educación, o al respeto de los Tratados Internacionales ratificados por España, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Una Constitución debería ser capaz de dar una respuesta clara a todas estas situaciones y anomalías de un Estado llamado democrático; anomalías que no son excepcionales ni exclusivas a España, sino que son probables en cualquier país democrático y dotado de leyes y normas dignas de un Estado de derecho, y constituyen contingencias erráticas sí, pero de naturaleza dinámica y paradigmática. Por eso, las Constituciones nacionales deberán dejar de considerarse sagradas, intocables, para dejarse moldear por su época, por sus gentes y sus circunstancias, y estar permanentemente sometidas a una tensión dialéctica para que sigan cumpliendo su función de servicio a la ciudadanía. Sobran ejemplos en este sentido en nuestro entorno próximo de la Unión Europea.

Emmanuel Minyem mi Bilap