La representante del PSOE en la Asamblea de Madrid defiende la legalidad de las actuaciones policiales y administrativas en los CIE donde hay varias denuncias de violaciones de Derechos Humanos

Izquierda Unida defendió ayer el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche pues ahí se ha denunciado casos de violación de los Derechos Humanos. Amparo Valcarce, portavoz socialista en la Comisión de Presidencia, defiende la necesidad y legalidad de este centro, y afirma tajantemente que ni se ha violado, ni se viola los derechos de las personas. No prosperó la PNL presentada hace dos años por IU.

Martes, 20 de octubre de 2014; Mauricio Valiente Ots, portavoz de IU – Los Verdes en la Asamblea de Madrid, defiende la Proposición No de Ley (PNL) 58/12 en la que “la Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a que a su vez inste al Gobierno de la nación a adoptar las medidas que se relacionan en el escrito sobre la reforma y cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros”, en tanto en cuanto son centros de detención de personas que han cometido una infracción administrativa, y hay varias denuncias de violación de los derechos humanos por parte de las organizaciones sociales y de los propios internos. El informe 2013 de Amnistía Internacional, en su página 122, así lo corrobora, según don Mauricio Valiente.

El señor Valiente denuncia “el manto de invisibilidad” con que las autoridades cubren esas exacciones que se llevan a cabo en esos lugares de vergüenza, así “como ocurre con las redadas policiales en nuestras calles”. Le entristece que el video revelado por la Cadena Ser donde dos policías maltratan y vejan a un ciudadano colombiano en el CIE de Aluche no hubiese tenido ningún recorrido parlamentario en la Asamblea de Madrid.

Un anacronismo en un Estado de derecho

Fundamenta la petición de cierre de los CIE por parte de su Grupo Parlamentario sobre el hecho de que “parten de un concepto que pone en cuestión lo que es la base del Estado de Derecho, que es la dualidad de la condición de administrado en función de la nacionalidad. Eso está generando “apartheid” legal, en el que a una persona, simplemente por su condición administrativa, se le puede privar de libertad por la simple comisión de una infracción administrativa. Es algo que sería impensable que por una multa de tráfico o una incorrecta tramitación de una licencia administrativa se le privara de libertad a un ciudadano y máxime como medida cautelar, que es lo que está ocurriendo en el caso de los ciudadanos extranjeros”. Pide que se abra un debate jurídico y político y se investigue sobre una realidad vergonzante, incómoda, preocupante, y señal de que algo va mal en nuestra sociedad. Afirma que los CIE “son cárceles gestionadas con un criterio racista discriminador y sin las garantías que al menos en las prisiones, con todas las dificultades y todos los problemas que pueda haber, existen para aquellas personas que están sometidas a esos principios”. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias así lo corrobora. El reglamento que el gobierno de la nación sacó en 2012 y que entró en vigor en marzo de 2014 sobre el funcionamiento de los CIE les resulta insuficiente e insatisfactorio tanto a las ONG como a IU. Para terminar, el Sr. Valiente Ots invitó a los parlamentarios a votar en conciencia, pensando en lo que supone estar sometido a ese tipo de privación de libertad, y a organizar una visita de los representantes del pueblo madrileño a esos centros.

Defender lo abusivo, denigrante y contrario a la Carta de los DD. HH.

En su intervención, la portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ex Delegada de Gobierno en Madrid entre 2009 y 2011 – cuando se reformó la Ley de Extranjería y no fue capaz el gobierno socialista de desarrollar un Reglamento de los CIE – Amparo Valcarce, defiende la legitimidad de los CIE a partir de la Ley de Extranjería de 1985, y la Directiva Europea de 2008, llamada de “Retorno” y calificada de “vergüenza” por entidades defensoras de los derechos humanos; afirma que ahí no se violan derechos, y que “España es uno de los países de Europa más garantistas en materia de inmigración y de asilo”, y la función de los CIE es “asegurar y garantizar las repatriaciones” de los extranjeros que han cometido, entre otras, infracciones administrativas como no tener residencia legal en España.

La portavoz socialista afirma que no se puede “consentir que se ponga en entredicho el buen nombre de médicos, policías o jueces, ni tampoco la credibilidad, la imagen y la confianza de los españoles y de los extranjeros en nuestro sistema sanitario, policial y judicial” y, como poniendo en duda las múltiples denuncias de malos tratos en los CIE, pide que se investigue esos casos y “caiga todo el peso de la ley sobre quien los haya vulnerado”. Afirma que el Grupo Socialista, aun compartiendo la preocupación de IU, no comparte sin embargo el fondo de la cuestión, por lo cual no apoya la proposición, a pesar de que dice, “en España, en Madrid, los ciudadanos somos absolutamente incompatibles con vulneraciones tan graves como las que se han puesto sobre la mesa.”

No asumir la responsabilidad negando la cruda realidad lleva a incongruencias

La señora Amparo Valcarce, Delegada del Gobierno cuando el entonces Ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba puso las hordas policiales que ella misma ordenaba en las calles de Madrid, para cazar a personas inmigrantes por sus rasgos físicos, no asume la responsabilidad de la nefasta política migratoria que su gobierno puso en marcha en la reforma de 2009. Ella es la que debió instar al gobierno para desarrollar un Reglamento de funcionamiento para los CIE; u otras muchas denuncias cuando ella era Delegada del Gobierno; o haber instado a doña Dolores Carrión, que la sustituyó en abril de 2011 en la Delegación del Gobierno, que investigara el caso del ciudadano colombiano que conocimos por los medios de comunicación semanas atrás, ocurrido en mayo de 2011, como recuerda el portavoz del Partido Popular (PP).

Nadie ha puesto en entredicho el buen nombre de médicos, policías o jueces. Sólo se ha reconocido que en los CIE, como en otros ámbitos, como la valla de Melilla, funcionarios del Estado de derecho llamado España están vulnerando los derechos de las personas. Cualquier responsable político bien nacido debería poner fin a esos abusos y violaciones de los derechos de las personas. Es más, no todo lo amparado por una ley española o europea es justo y garante y conforme a la Declaración de los Derechos Humanos. Varias sentencias y pronunciamientos de organismos internacionales y de las propias Naciones Unidas han denunciado violaciones de derechos humanos en España y en otros países de Europa. La llamada Directiva Europea de Retorno es una vergüenza política y legal, y el sistema de FRONTEX mismo es una violación de la legislación internacional en materia de fronteras territoriales, por mucho que lo hubiesen ratificado otros países africanos, amparados por la corrupción de sus gobernantes.

Si un grupo político está preocupado por las personas o por lo que plantea otro grupo parlamentario, lo congruente y lógico es votar a favor de sus preocupaciones. Hacer lo contrario es sencillamente una falta de credibilidad. La ciudadanía agradece un ejercicio de autocrítica, que es también muy sano para la mente. Y sólo se cosechará lo sembrado, señora Valcarce.

Un Reglamento insuficiente y adulterado

En cuanto a la intervención del portavoz del PP, el Sr. González Terol, la autocomplacencia sobre un Reglamento que no ha corregido todos los abusos y las violaciones de los derechos de los ciudadanos es una burla a la inteligencia de los colectivos que luchan por los derechos de las personas. Por mucho que se les dote a los CIE de contenidos ajustados a derecho, se quedan vacíos de enjundia, porque es el continente el que está adulterado. Es una inmoralidad y un abuso poder, detener a una persona durante 60 días en un centro de internamiento, por carecer de un documento de residencia o estancia legal en un país, lo diga quien lo diga. Hay alternativas viables; sólo hace falta voluntad política y mejor organización laboral de la Administración del Estado. Si no, seguiremos haciendo aberraciones judiciales, como la que prevé el ministerio del interior, de legalizar las devoluciones en caliente, que él mismo reconoce que son ilegales. La señora Valcarce estará de acuerdo con él cuando el grupo popular, mayoritario en el congreso de los Diputados, dé rango de ley a unas prácticas abyectas e inhumanas: serán legales, pero no morales.

Emmanuel Minyem Mi Bilap